Entrada en vigor: 1 de diciembre de 2026
La Ley 21.719 fue publicada en diciembre de 2024 y sus modificaciones entran en vigor el primer día del vigésimo cuarto mes posterior a la publicación. El periodo previo no es una moratoria operativa: es el espacio para inventariar, corregir y generar evidencias.
Qué cambia en la práctica
Chile pasa a un marco más completo, inspirado en estándares internacionales. La ley crea la Agencia de Protección de Datos Personales, refuerza la responsabilidad de quienes deciden sobre tratamientos y exige medidas ajustadas al riesgo.
No basta con declarar que se cumple. La organización debe poder acreditar decisiones, medidas, procedimientos y controles.
Derechos de las personas
El marco reconoce y refuerza los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo temporal. Deben existir canales y plazos internos para identificar al solicitante, localizar información, decidir y responder.
Deberes principales
- Licitud y finalidad: identificar una base válida y limitar el uso a fines específicos.
- Transparencia: informar de forma accesible quién trata los datos, para qué, durante cuánto tiempo y con quién se comparten.
- Privacidad desde el diseño y por defecto: integrar controles antes y durante el tratamiento.
- Seguridad: aplicar medidas técnicas y organizativas según probabilidad y gravedad del riesgo.
- Brechas: evaluar, registrar y reportar incidentes cuando exista un riesgo razonable.
- Evaluación de impacto: analizar previamente operaciones de alto riesgo.
- Proveedores y transferencias: gobernar encargos y comunicaciones, también internacionales.
Un régimen sancionador relevante
Las infracciones se clasifican en leves, graves y gravísimas. Las multas máximas previstas alcanzan 5.000, 10.000 y 20.000 UTM, respectivamente. En determinados supuestos de reincidencia para empresas que no sean de menor tamaño, una infracción grave o gravísima puede llegar al 2% o 4% de los ingresos anuales, según corresponda.
La sanción no es el único impacto: también pueden existir medidas correctivas, costes operativos y pérdida de confianza.
Plan práctico de preparación
- Nombrar un responsable interno del proyecto.
- Mapear datos, finalidades, sistemas, personas y terceros.
- Validar bases de licitud y textos de información.
- Crear el registro de actividades y la política de retención.
- Revisar proveedores, contratos y transferencias.
- Diseñar derechos, brechas y evaluaciones de impacto.
- Implantar controles, formar y conservar evidencias.
- Auditar y corregir antes de la fecha de entrada en vigor.
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Solicitar información y presupuestoEste contenido es divulgativo y no constituye asesoría jurídica individualizada. La aplicación depende del tratamiento, sector y circunstancias de cada organización.